Con fuertes fricciones y por momentos con discursos en tonos elevados, la Legislatura sancionó ayer un proyecto de ley para la radarización del espacio aéreo tucumano con la intención de combatir el narcotráfico con una eficacia similar a la que viene implementándose por tierra a través del Operativo Lapacho. La propuesta encontró rechazó de parte de la oposición, que hizo constar sus votos en contra. Se argumentó que se sería una norma inconstitucional e improcedente dado que se estaba legislando sobre facultades federales.

La aprobación del Régimen Provincial de Vigilancia, Prevención y Cooperación para el Control del Tráfico Aéreo Irregular (TAI) fue el punto más controversial que tuvo el último debate de 2025, el cual fue conducido por el presidente subrogante Sergio Mansilla. La propuesta en cuestión fue impulsada por el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse (bloque Justicialista), quien resaltó el trabajo que viene realizando la Policía de Tucumán por vía terrestre contra el narcotráfico y afirmó que tampoco se invaden competencias federales.

“Durante el año 2025, el Operativo Lapacho permitió el decomiso de más de 2.100 kilos de sustancias ilícitas, la detección y neutralización de múltiples pistas clandestinas, el control intensivo de rutas y accesos estratégicos y la desarticulación de estructuras logísticas vinculadas al narcotráfico. Estos resultados se reflejan en una disminución de los índices delictivos en los últimos dos años, como consecuencia directa de una estrategia basada en presencia territorial efectiva, coordinación interinstitucional y decisión política”, explicó Vargas Aignasse.

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El ex diputado insistió con que el nuevo régimen para intentar detectar con radares aeronaves que vuelen por debajo de los 500 metros de altura no invade ni suplanta competencias federales. “La ley es clara al establecer que el control del espacio aéreo y el uso de la fuerza aérea son atribuciones exclusivas del Estado Nacional. Tucumán actúa dentro de su marco constitucional, adhiriendo a la normativa nacional vigente y promoviendo una articulación activa con el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial”, dijo.

Resistencia

El radical José Cano (Radicalismo Federal) firmó un dictamen en minoría, en el que remarcó que el control del espacio aéreo de todo el territorio nacional corresponde de manera excluyente al Gobierno de la Nación. “La provincia de Tucumán no puede crear un organismo u ordenamiento provincial paralelo, que asuma competencias nacionales privativas del control aéreo sin vulnerar el orden jurídico existente y competencias delegadas a la Nación”, señaló. Remarcó que hay comisarías que se están cayendo y crímenes impunes que deberían ser atendidos en la provincia. “No podemos operar radar, eso lo hace personal militar”, subrayó Cano.

En un sentido similar se expresó Walter Berarducci (Compromiso Tucumán), quien consideró que con esa ley se estarían arrogando a la Provincia facultades propias de la Nación. “Esto no es un problema de Tucumán, es de la Argentina. Vamos a sancionar una ley que es a todas luces inconstitucional e improcedente”, dijo y mocionó -sin éxito- la vuelta a comisión de la iniciativa.

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Discursos encendidos

Vargas Aignasse puso énfasis en que la iniciativa buscaba vigilancia, prevención y cooperación. “Nadie está diciendo que vamos a operar radares, que vamos a comprar aviones o que vamos a derribar vuelos clandestinos. El Estado nacional necesita de la colaboración de las provincias”, dijo, y remarcó que Tucumán tiene los mejores índices de decomiso por una decisión política. “Esta ley no invade competencia federal de ninguna manera; vigilamos y avisamos”, expresó en tono efusivo.

Cano remarcó que su intención era polemizar. Leyó el proyecto y planteó: “¿cómo nos vamos a adherir a un sistema que tiene jurisdicción nacional?”. Berarducci, en tanto, cuestionó que se levante la voz y que en el peronismo digan que son modelo en la lucha contra el delito cuando llevan 20 años gobernando la provincia. “Tenemos delitos, droga, saqueos, policías que hacen casos con presos y bienes del Estado, municipios intervenidos porque venden drogas. No gritemos”, reprochó. Además, señaló que Tucumán sería la primera provincia en tener una ley así porque las otras respetan la normativa constitucional vigente.

Tensiones por la reforma: proponen declarar la emergencia electoral

Que no se hayan tratado reformas electorales ni políticas de ningún tipo no pasó desapercibido en el recinto. En Labor Parlamentaria se acordó posponer las manifestaciones generales, pero el tema brotó cuando se trataba la prórroga de una serie de emergencias para sectores productivos. El legislador Claudio Viña aprovechó para decir que hay una temática que sí está en emergencia. “Todo el mundo se quedó esperando y ha sido estafado en su expectativa”, dijo, y contó que presentó un proyecto de ley para que se declare la emergencia electoral. Dijo que desde 2015 se habla de reforma y que la propuesta de Jaldo se diluyó como jugo en polvo, lo que le valió reproches del oficialismo.